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Propuestas tributarias del PIT CNT

Ante la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo de ajuste fiscal llamada consolidación fiscal que será incorporada a la próxima Rendición de Cuentas a ser presentada al Parlamento Nacional en los próximos días, el PIT CNT quiere proponer las siguientes propuestas alternativas procurando contribuir con ellas a una mejor distribución de la carga tributaria para que sea más equitativa y que además evite los recortes o postergaciones en las necesarias inversiones públicas y en el gasto social previstos en el Presupuesto Nacional aprobado el año pasado.

Estas propuestas se complementan con las iniciativas en política salarial, empleo e inflación que fueron presentadas en el acto del 1° de Mayo reciente.


I) PROPUESTA ALTERNATIVA AL AJUSTE FISCAL.

1.1. Criterios Generales

Esta propuesta alternativa se basa en obtener el mismo aumento de ingresos previsto en la del Poder Ejecutivo por 500 millones de dólares pero distribuido de una manera diferente.

1.2. Resumen de la propuesta actual del gobierno:


                                                                                          

Como se ve en la propuesta los ingresos se obtienen fundamentalmente del aumento del IRPF con una fuerte participación de las franjas medias.

 

1.3. PROPUESTA ALTERNATIVA: CRITERIOS

Los criterios de la propuesta alternativa son:

a) Que se cubra las necesidades fiscales exclusivamente con impuestos y no se ajuste a la baja los gastos de inversión (a excepción de los gastos superfluos y los emanados de la reforma de la caja militar que compartimos).

b) Que en el balance de los aportes tributarios del capital y trabajo exista un mayor peso en los primeros y no en los segundos.

c) Que la propuesta de cambio en el IRPF se parta de un valor sensiblemente superior en cuanto al ingreso a ser afectado y que las tasas marginales superiores sean más altas.


1.4. PROPUESTA ALTERNATIVA: DISEÑO

a) Impuesto a la Renta de las Personas Físicas

Para el caso del IRPF categoría II de rentas del trabajo proponemos la siguiente alternativa. Ampliar a 8 franjas los aportes al IRPF con los siguientes porcentajes

 

Como resultado de este cambio se recaudan 119 millones de dólares y su distribución mejora sensiblemente los aportes de cada franja. Por otra parte los aumentos de aportes comienzan en la quinta franja.

b) Impuesto a la renta de actividades económicas (IRAE)

En la propuesta del gobierno los cambios que se proponen en el IRAE los compartimos pero consideramos que se deben ampliar. Creemos que es necesario modificar la tasa de pago del impuesto con un aumento del 25 al 30%, (que es lo que se pagaba previo al 2007), manteniendo el 7% de incremento en el caso de reparto de utilidades.

La recaudación del año 2015 del IRAE con una tasa de 25% fue del orden de 1.250 millones de dólares. Con un análisis lineal de sus impactos un cambio de tasa de 25 a 30% recaudaría un orden de 250 millones de dólares. Dado el enlentecimiento de la economía estimamos su crecimiento en un 70% de dicho máximo o sea 175 millones de dólares, que se suman a los planteados por otras medidas de IRAE por el gobierno que estimamos en 85 millones de dólares.

c) Impuesto al Patrimonio

Aumento de las tasas de impuesto al patrimonio y reducción de su mínimo no imponible y análisis de los activos exentos para analizar su justificación en el marco de los objetivos tributarios.

En el año 2015 la recaudación del impuesto al Patrimonio fue de 590 millones de dólares y las exoneraciones por activos exentos de 2013 (último año que la DGI da información sobre la renuncia fiscal) fueron equivalentes a 110% de la recaudación, o sea sería para 2015 un orden de 650 millones de dólares.

En el impuesto al patrimonio los principales activos exentos de pagar son los títulos de deuda pública, valores emitidos por el BCU, los patrimonios que corresponden a inversiones realizadas al amparo de la ley de promoción de inversiones, los patrimonios que están en zonas francas y una parte de los patrimonios de origen agropecuario.

El mínimo no imponible de patrimonio personas físicas es del orden de 120 mil dólares y la tasa de 7 por mil (es decir 0,7%) para el tramo 1 y 1% para el siguiente tramo..
Para el patrimonio personas jurídicas la tasa es de 1,5%.

Proponemos aumentar las tasas según el siguiente esquema:

Al mismo tiempo proponemos rever una parte de los activos exentos de pago, de manera de aumentar el peso de los impuestos a la riqueza en la recaudación que hoy oscila en apenas el 6%. Si bien no tenemos herramientas de información para calcular el efecto de estos cambios estimamos que no debería ser inferior al 15% de la recaudación actual o sea 90 millones de dólares.

1.5. Resumen de la propuesta alternativa y comparación con la del gobierno.

El siguiente cuadro resume la propuesta que planteamos:

Se ve que mientras en la propuesta del gobierno los aportes del trabajo representaban 72% de los impuestos y los del capital un 28%, en la propuesta alternativa los impuestos al trabajo son el 20% mientras que los aportes del capital son el 80%. Sumado a que el concentrar el IRPF en los tramos más altos mejora la distribución de la carga impositiva al interior del propio trabajo.

El siguiente cuadro muestra las diferencias entre la propuesta gubernamental y la propuesta del PIT CNT.

En el caso de los gastos el valor propuesto es una estimación del ahorro por la reforma de la caja militar, de un déficit total de 400 millones.

Finalmente tal como lo planteamos en la propuesta de 2015, es necesario un estudio de las exoneraciones y sus montos otorgados por la ley de promoción de inversiones, dado que representan una alta renuncia fiscal y no siempre aportan al desarrollo. Entendemos que no tiene efectos inmediatos pero son parte del proyecto presupuestal del quinquenio.


II) EL CONTEXTO DE LA PROPUESTA DEL PIT CNT

1. Modificar los lineamientos salariales.

Tal como están planteados actualmente los lineamientos para la negociación colectiva, implican ajustes salariales por todo concepto que se ubican por debajo de la inflación, con el riesgo latente de que esto conduzca a una caída del salario real en el correr de 2015.

Evitar la caída del salario real es importante por un lado, el efecto que tiene el salario en el total de ingresos del hogar y por el vínculo de la masa salarial y su participación en el producto con la política distributiva; y por el otro, el salario como aspecto fundamental de sustento del consumo interno. Los salarios por sí solos representan el 47% del consumo y si se le agregan las jubilaciones, se alcanza al 59% del consumo privado, principal componente del producto y que cobra particular relevancia ante un contexto externo incierto y del cual no se esperan mejoras de entidad en el corto plazo.

A esto se debe sumar el hecho, de que pese al crecimiento del salario real medio en los últimos años, todavía existe un conjunto importante de trabajadores que perciben salarios muy bajos y que el propio gobierno ha catalogado como sumergidos.

En concreto las modificaciones a los lineamientos deberían tener en cuenta:

• Incrementar los ajustes salariales nominales previstos, tanto para el primer año de negociación como para los siguientes, de manera que los mismos contemplen la realidad inflacionaria, mayor a la prevista y creciente.

• Incorporar correctivos anuales en los convenios de manera de corregir las posibles diferencias entre los ajustes y la inflación efectiva más rápidamente por el costo en términos de evolución salarial que esto supone.

• Incrementar las franjas que definen a los salarios sumergidos, de manera de que haya más trabajadores de bajos ingresos que se beneficien de los ajustes adicionales por salarios sumergidos. En la actualidad los ajustes adicionales están establecidos para salarios entre el mínimo nacional y los 11.935 pesos líquidos aproximadamente, con incrementos adicionales de 1,75% por semestre (unos 200 pesos) y para salarios entre esta cifra y unos 13.924 líquidos mensuales, aumentos adicionales de 1,25% por semestre (unos 175 pesos).

• Establecer un aumento para los salarios públicos que corrija la inflación estimada (5%) respecto a la verificada hasta el momento. Dicho aumento se pagará a cuenta del correctivo que está pautado para fin de año.

2. Políticas Activas de Empleo

Hasta el momento el enlentecimiento de la economía ha provocado un leve deterioro en los principales indicadores del mercado de trabajo con disminución de la tasa de empleo e incremento en el desempleo, de una magnitud algo menor a la caída del empleo ya que disminuyó también la oferta de trabajo. Es preciso evitar que este deterioro se profundice y a su vez tomar medidas para amparar a aquellos trabajadores que se vean afectados por el desempleo y la disminución de horas de trabajo.

El INEFOP cuenta con fondos públicos para llevar adelante políticas de empleo a partir de la capacitación de los trabajadores. Estos fondos pueden ser empleados como salida para paliar situaciones específicas de caídas del empleo coyunturales, donde por medio del seguro de desempleo rotativo y la reducción de la jornada laboral complementada con jornales por capacitación, eviten los despidos y la pérdida de fuentes de trabajo.

También es necesario pensar en políticas de estímulo a la demanda de trabajo, a partir de incentivos a aquellas empresas que aumenten el nivel de empleo. La ley de empleo juvenil actual es una manera de promocionar el empleo en los más jóvenes y en este contexto, cuando este grupo etario es uno de los más golpeados por el desempleo, puede ser un mecanismo más de promoción del empleo, incrementando el financiamiento para que aumente el número de beneficiarios de estos subsidios.

Por otro lado, si bien el aumento en la tasa de desempleo ha sido leve, para quienes se ven afectados por el desempleo y la caída de los ingresos que esto acarrea, la situación es muy angustiante y es necesario fortalecer las herramientas existentes en la matriz de protección social actual para atender esas situaciones. La extensión del seguro de desempleo o la creación de regímenes especiales para atender situaciones puntuales que puedan verse afectados duramente por la crisis externa, son herramientas que se han utilizado en el pasado y que no habría que descartar su despliegue en casos que puedan ameritarlo.

3. Políticas de Inversión Pública

En este contexto de crisis externa –al menos en lo que atañe a la región- y retracción de la inversión privada es fundamental poner en marcha los planes de inversión pública, ya presentados por el gobierno en el presupuesto quinquenal. Esto implica no resignar recursos destinados a la inversión con el objetivo de reducir el gasto público y además buscar asignar esos recursos lo más prontamente posible.

Si bien normalmente la inversión proyectada no se divide en partes iguales en los cinco años de gobierno y en los primeros años la inversión suele ser menor, en este contexto se torna relevante llevar adelante una buena parte de la inversión en estos primeros años. Para el quinquenio el gobierno proyectó una inversión de 8.000 millones de dólares financiada con recursos públicos, la que se vería incrementada en 4.400 millones más provenientes de asociaciones con el sector privado.

En este marco parece prioritario llevar adelante en estos primeros años una buena parte de esta inversión (al menos un quinto de lo proyectado), y en particular la vinculada a vivienda y obras públicas (por el impacto sobre el empleo que éstas generan). En el mismo sentido, no debería verse afectada la inversión prevista en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y en los servicios de salud y educación, tanto por su impacto social como por su efecto sobre el mercado laboral, la que debería comenzar a desarrollarse a la brevedad.

4. Sistema de Regulación de precios.

Es justo decir que la inflación ha sido hasta el momento la piedra en el zapato de la política económica ya que incluso en momentos de bonanza económica, el gobierno no pudo dar cumplimiento a su meta de inflación y el crecimiento de los precios se ubicó sistemáticamente por encima del objetivo gubernamental en esta materia. En estos últimos meses y pese a la desaceleración económica, la inflación no ha cedido sino que por el contrario se ha acelerado, y controlar la inflación a partir de políticas de contención de la demanda en este contexto no parece ser el camino más adecuado.

En este sentido, consideramos que es momento de actuar sobre uno de los principales factores de génesis y desarrollo de la inflación que es la formación oligopólica de precios en la cadena de valor. Si bien existen factores coyunturales y también incidencias derivadas del aumento de tipo de cambio, creemos que el mayor peso de la suba de los precios está en la formación de precios en la cadenas de valor en condiciones oligopólicas.

Un mecanismo para controlar estos comportamientos es establecer compromisos en torno a la fijación de precios que involucren a los distintos eslabones de la cadena que tienen incidencia en la formación de los precios. Se debe tratar de compromisos o acuerdos voluntarios, de mediano plazo (no menores a un año de duración), que una vez que se alcance acuerdo, deben ser cumplidos por las distintas partes con penalizaciones para quienes no lo cumplan. Además, los acuerdos deben ser abarcativos, tanto en relación a la cantidad de productos que involucran como regiones del país que alcanzan, y deben ser debidamente difundidos para que se pueda controlar su cumplimiento.

5. Convocatoria al diálogo en Seguridad Social por la situación de los cincuentones y la reforma estructural del sistema.

Consideramos necesario la convocatoria inmediata a un ámbito de diálogo e intercambio para encontrar una solución a los llamados “cincuentones” que fueron perjudicados por quedar obligados a formar parte del régimen mixto que incluye a las AFAP. En muchos casos, el perjuicio para esta población obligada a aportar a las AFAP determina que se puedan jubilar por un monto hasta 35% inferior al que les correspondería por el régimen solidario de transición.

Además, entendemos que la problemática de los cincuentones debe enmarcarse en un debate más amplio sobre los múltiples aspectos críticos del actual régimen de ahorro individual que nos permita superarlo y avanzar hacia un sistema de seguridad social universal, solidario y sin el lucro de las AFAP que actualmente cobran unos U$S 100 millones anuales por comisiones.

26 de mayo de 2016

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