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Los 9 temas del agro que los trabajadores queremos debatir

Contexto: Caracterización del sector

En los últimos meses, la situación del sector agropecuario pasó a ocupar los principales titulares y se adueñó de los ámbitos de debate nacional a partir de los planteos realizados por un conjunto de productores rurales, que se nuclearon en lo que pasó a conocerse como “grupo de los auto convocados”.

El sector agropecuario en Uruguay cuenta principalmente de tres grandes actividades: la agrícola, la pecuaria y la silvicultura. Según datos del BCU, dichas actividades representaron aproximadamente el 5% de la producción total del país en el año 2017. Este porcentaje ha venido oscilando en las últimas décadas luego del cimbronazo que representó la crisis de 1998-2002, cuando registró tres años de caída consecutiva de la actividad. Pero en los últimos 15 años, la actividad sectorial con vaivenes creció prácticamente siempre.

El peso del sector es bastante mayor en lo que hace a las exportaciones, principal destino de la producción agropecuaria. Así, dentro de los principales 10 rubros de exportaciones uruguayas (los que han permanecido prácticamente incambiados desde hace décadas) se ubican bienes tradicionales de origen agropecuario y otros industrializados pero que también tienen el mismo origen, como son la carne, los lácteos, el arroz y otros de desarrollo más recientes como la soja, la celulosa y la madera. Las exportaciones de origen agropecuario, teniendo en cuenta tanto los bienes primarios directamente exportados como los industrializados, son aproximadamente dos tercios de las exportaciones totales de bienes en Uruguay y si las medimos en dólares aumentaron casi 10% respecto al año anterior.

Más allá de las oscilaciones en el ritmo de crecimiento de la actividad, en los últimos años el agro ha vivido un importante proceso de crecimiento y transformación, caracterizado por un fuerte dinamismo tecnológico, y que tuvo como consecuencia directa un incremento notable en el precio y la renta de la tierra, la que dejó de ser solamente un medio de producción para convertirse además en un gran valor para quienes lo poseen dadas las crecientes oportunidades de arrendamiento que tiene. En este período se verificaron además transformaciones productivas de relevancia, ya que la producción silvícola y agrícola crecieron notablemente mientras que la pecuaria se mantuvo prácticamente constante en los mismos niveles de la década del 90. La inversión en el sector aumentó de manera importante, con una fuerte presencia de inversión extranjera, lo que redundó en un notorio incremento de la productividad en el sector. Los cambios han sido tan grandes que muchos analistas se animan a hablar de una verdadera revolución a nivel sectorial.
Sin embargo, a pesar de estos importantes cambios, la realidad del agro sigue siendo diversa y compleja. Existen una serie de factores que lo caracterizan prácticamente desde sus orígenes y que muchas veces constituyen obstáculos para su mayor crecimiento y condicionan las posibilidades de avance en el sector. El desafío está en debatir estos temas no sólo en función de las mochilas que actualmente puedan tener para una mayor o menor rentabilidad las actividades agropecuarias, sino enmarcar el debate en el rol que le cabe al agro en un proyecto de desarrollo nacional inclusivo, donde se tengan en cuenta aspectos centrales como la sustentabilidad ambiental, el desarrollo y la justicia social de todos los uruguayos.

En función de esto es que proponemos debatir nueve aspectos de la realidad actual del agro:

1. Impuestos y presión tributaria

En el año 2017 la presión tributaria en el agro, entendida como la relación entre los tributos pagados y el producto generado en el sector, según datos del MGAP, ascendió al 8,8%, creciendo levemente respecto al año anterior. Desde 2005 dicho guarismo se ubica entre el 6% y el 9%, sin que exista una tendencia clara ni al alza ni a la baja.

En comparación con el resto de sectores de actividad, la presión tributaria en el agro es menor a la de la industria y el comercio, y es también menor al promedio de la economía. De hecho, la reforma tributaria de 2007 en buena medida intentó equiparar la situación tributaria del agro a la del resto de sectores de actividad, ya que previamente regía para el agro un sistema bastante diferente al del resto de sectores el cual era además notoriamente más beneficioso en la medida en que implicaba tasas de aportación efectiva inferiores.

Sin embargo, a pesar de estas modificaciones -y otras que se verificaron posteriormente-, siguen existiendo diferencias importantes en las modalidades de tributación que permiten que la tasa de aportación efectiva siga siendo menor que el resto. La posibilidad de tributar IMEBA en lugar de IRAE; las exoneraciones de IVA así como las vigentes sobre el impuesto al patrimonio junto con el elevado monto mínimo no imponible, son sólo algunos ejemplos en este sentido. Basta recordar además, que recién en 2015 se volvió a cobrar el impuesto a primaria a los inmuebles rurales, los que habían sido exonerados de este pago casi veinte años antes.

Luego de la reforma tributaria, el agro se vio enfrentado –al igual que el resto de los sectores de actividad- a mayores controles en pos de disminuir la evasión y promover la formalización, lo que evidentemente redundó en mayores aportes, aún ante las mismas tasas de aportación.
Pero más allá de estos datos que caracterizan la realidad sectorial, creemos firmemente que el debate en torno a los impuestos no debe darse exclusivamente en términos de la rentabilidad y los costos de las empresas. La política tributaria, el tipo de impuestos vigentes como la distribución de la carga tributaria entre todos los sectores de actividad debe delinearse en el marco de una estrategia de política fiscal más global y sostenida en una mayor equidad.

Si bien es claro que las mejoras en la distribución del ingreso y la riqueza no pueden quedar supeditadas únicamente a la política fiscal, es innegable el rol que le cabe a la misma. Los impuestos son además instrumentos potentes para dar señales en el ámbito productivo, penalizando por ejemplo, la subutilización de la tierra o su uso con fines especulativos; premiando la innovación, el empleo y el incremento de la productividad y con la potencialidad de orientar la producción más allá de las señales del mercado. En este sentido, creemos que el debate tributario no puede darse en el marco solamente de las necesidades empresariales de mayor rentabilidad, que no es otra cosa que la obtención de un mayor beneficio.

2. Aportes a la Seguridad Social

Así como existen aún hoy particularidades en la tributación del agro frente a la de otros sectores de actividad, además cuenta con un sistema de aportación a la Seguridad Social en lo que atañe a los aportes patronales que también es diferente al del resto. Este régimen, implica que los aportes patronales no se realizan en función de la masa salarial remunerada sino en función de las hectáreas utilizadas siendo en la mayoría de los casos menos oneroso que el del resto de sectores de actividad.

Si bien este sistema favorece en términos relativos a quienes más trabajadores contratan y en este sentido puede entenderse como un estímulo al empleo en el sector, es necesario considerar además las consecuencias que dicho régimen implica. En la práctica, esta modalidad de aportación genera una menor aportación relativa que la que realiza el resto de los otros sectores como forma de pago de los aportes patronales a la seguridad social. Así, la tasa de aportación –considerada como la recaudación total a la seguridad social en relación a la masa salarial-, según datos del BPS, en el agro ronda el 17% (15% lo constituye el aporte de los trabajadores) mientras en la industria, la construcción o el servicio doméstico supera el 20%.

Esto tiene como consecuencia directa que la relación entre egresos y aportes del sector rural sea más deficitaria que en el resto de los otros sectores, lo que significa una mayor transferencia de recursos de la sociedad en su conjunto hacia la seguridad social del agro, la que beneficia a los trabajadores remunerados del sector pero también a los patrones y sus familias.
Sin duda este es un elemento relevante a tener en cuenta en un debate tributario más amplio donde se suele cuestionar acerca del destino de los impuestos y su utilización y donde existe una visión arraigada de larga data, de que es el agro quien sostiene a nivel impositivo y de transferencias al resto de los sectores de la sociedad.

3. Salarios

De acuerdo a la información del último Censo Agropecuario de 2011 así como a datos de la Encuesta Continua de Hogares, la población vinculada a la producción agropecuaria ronda actualmente las 135.000 personas, lo que constituye aproximadamente el 8% del total de ocupados. De éstos, unos 80.000 son asalariados rurales, unos 40.000 son productores familiares mercantiles (productores que siendo propietarios de la tierra o arrendándola trabajan en la actividad agropecuaria tanto ellos como su familia) y otros 15.000 son empresarios patrones que se desempeñan en establecimientos de distinto porte.

A pesar de los importantes incrementos registrados desde la reinstalación de los Consejos de Salarios en 2005, los salarios del sector siguen siendo notoriamente bajos comparados con el resto de sectores de actividad, ubicándose en algunos casos levemente por encima del salario mínimo nacional. Así, en la ganadería, luego del ajuste de enero de este año, el salario de ingreso ronda los 17.500 pesos mensuales en términos nominales; en los tambos asciende a 17.230 pesos y en el arroz se ubica en los 20.100 ( a estos importes hay que hacerle los descuentos, percibiendo en la mano una cifra inferior ). A su vez, las escalas salariales son relativamente cortas lo que conduce a que para los cargos altamente especializados la realidad salarial no sea muy diferente, con remuneraciones que rondan los 21.650 pesos mensuales nominales en el arroz y los tambos, y es algo superior en la ganadería.

En otras actividades como la fruticultura, los criaderos de cerdo y la apicultura la situación es aún más alarmante y el salario del peón según el último ajuste de julio de 2017 se ubicaba en unos 14.450 pesos mensuales mientras que en la forestación era de unos 16.860 pesos.

Esta situación se ve agravada en el caso de los trabajadores jornaleros cuando no completan los 25 jornales trabajados al mes, en la mayoría de los casos por razones ajenas a su voluntad, lo que provoca que sus salarios efectivamente cobrados sean aún más bajos.

Es evidente que ningún debate sobre la realidad del campo puede dejar de lado buscar mejorar esta realidad. Si bien el Consejo de Salarios es el ámbito privilegiado para poder discutir estos temas, esto no siempre ha sido posible. A diferencia de lo que sucede en el resto de otros sectores de actividad, en la mayoría de los Consejos rurales ha sido difícil alcanzar acuerdos entre las partes. Lo que refleja la complejidad a la que se enfrentan los trabajadores rurales al momento de presentar sus reivindicaciones salariales, sino que además obstaculiza los avances en otros aspectos no salariales que hacen de manera determinante a las condiciones de trabajo del sector y que solamente se pueden incorporar en los convenios en la medida en que se alcance acuerdo entre las partes.

4. Condiciones de trabajo

No sólo el salario de los trabajadores rurales mejoró desde 2005 sino también la legislación relativa al trabajo rural. Sin embargo, al igual que sucede con el salario, la precaria situación arrastrada por años hace que todavía dichas mejoras no estén en pie de igualdad respecto a las condiciones del resto de los trabajadores en actividad. El ejemplo más claro lo constituye la duración de la jornada: recién en 2008 se votó para los trabajadores rurales la ley de ocho horas, un derecho que para el resto de asalariados está vigente desde hace ya 100 años en nuestro país.

No obstante, a pesar de los avances en materia legislativa, las condiciones de trabajo y de vida en el campo no han mejorado de manera importante. Muchos de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del campo siguen sin respetarse a la vez que imperan relaciones laborales precarias y cargadas de vicios; aspectos que no puede corregir solamente la legislación laboral si no se da un cambio en la “cultura” que ha caracterizado las relaciones laborales en este sector prácticamente desde sus inicios. Es un tema este que no se puede soslayar en un debate.

5. El precio de la tierra

El precio de la tierra ha registrado en los últimos 15 años un crecimiento exponencial. Como muestra de esto, cabe señalar que el precio promedio de la compra venta de una hectárea de tierra que en 2002 se ubicaba en 386 dólares aproximadamente, alcanzó un pico máximo de 3.934 dólares en el año 2014. Si bien en los dos años siguientes cayó, siguió ubicándose por encima del promedio alcanzado en este período, y en 2017 volvió a repuntar, ubicándose en 3.716 dólares. Éste constituye el segundo registro más elevado desde el año 2002 situándose solamente por detrás del récord alcanzado en 2014. Este incremento además, se ha visto acompañado de un gran dinamismo en el mercado de compra y venta de tierras.

El fuerte crecimiento en el precio de la tierra, muy por encima de los otros factores productivos y activos de la economía, no solamente refleja la coyuntura prospera que atravesó el sector en los últimos años sino que también genera una serie de desafíos para el mismo.
Por un lado, el importante crecimiento del precio de la tierra convierte a la misma en un activo relevante no solamente por su capacidad como medio productivo sino por la posibilidad de arrendarla a precios óptimos o adquirirla con fines meramente especulativos. Por otro lado, el incremento del precio conjuntamente con la mala distribución de la tierra, tiene consecuencias trascendentes en el plano distributivo: al valorizarse un activo muy concentrado incide en la distribución negativa de los ingresos actuales y en la riqueza acumulada.

6. Tenencia y uso de la tierra

Con el incremento en el precio de la tierra aumentó obviamente también su renta. Este aumento, que siguió de cerca el crecimiento en el precio, constituye un importante costo de producción para quienes sin poseer tierra propia, arriendan para llevar adelante la producción.

Un estudio reciente señala que del total de la renta de la tierra apropiada en los últimos 15 años, casi 40% fue para quienes siendo propietarios no llevan adelante la producción, lo que se consideran terratenientes puros, mientras que los propietarios que a la vez son empresarios y producen también se adueñaron de algo más del 45% de la renta en este período.

Por otra parte, la concentración de la tierra en Uruguay alcanza niveles elevados en la comparación internacional, incluso si se toma como parámetro de referencia a América Latina, donde el grado de concentración es de los más alto del mundo. En los últimos años además, a esta realidad se ha sumado el de la extranjerización de la tierra.

Sin duda las consecuencias que ambos fenómenos traen aparejados, concentración y extranjerización, requieren de un análisis y debate mucho más profundo, que trasciende temas de rentabilidad y costos, y debe ser analizado en el marco de lo que ambos implican para el proyecto de desarrollo del país y la soberanía misma.

7. Heterogeneidad estructural

Una característica inherente a la producción agropecuaria es la enorme heterogeneidad estructural imperante. La misma se refleja en diferencias en la incorporación de tecnología y en la organización del trabajo, y se traduce fundamentalmente en niveles de productividad muy disimiles. Dicha heterogeneidad se manifiesta tanto entre subsectores de actividad como entre productores de un mismo subsector, básicamente en función del tamaño y la localización de los predios.

Si bien esta es una característica que atraviesa a prácticamente todo el sistema productivo nacional y que constituye un fuerte obstáculo para su desarrollo, en el agro este rasgo se presenta de manera muy nítida y se ha visto acentuado en los últimos años de la mano del fuerte proceso de inversión.

La introducción tecnológica que registró el sector en las últimas décadas, de importante dinamismo, vino en muchas ocasiones de la mano de la inversión extranjera y no se desparramó homogéneamente entre sectores ni a la interna de los mismos. Esto acentúa aún más las diferencias de productividad de la tierra ya existentes.

Además de un obstáculo para el desarrollo productivo, estos factores se vinculan con otros aspectos como son la pobreza rural y el desplazamiento de la población del campo. Así, para muchos pequeños productores familiares, a pesar de contar con el activo valorizado tierra, la baja productividad no le permiten alcanzar niveles de rentabilidad que los alienten a quedarse en el campo y a no vender sus tierras.

8. El agro en las cadenas de valor

La producción agropecuaria se realiza con destino al mercado interno y a la exportación. En ambos casos para concretar dichas ventas el sector agropecuario participa de una cadena de producción y comercialización que lleva el producto desde la producción primaria al consumidor ya sea nacional o del exterior.

En las diferentes cadenas de producción agroindustrial comercial, el papel del sector agropecuario se encuentra en relación de subordinación. Los tamberos, los ganaderos, los productores de arroz (como antes los productores de cebada) venden a la industria y es ésta quien se apropia de una parte relevante del ingreso global de la cadena, en la medida que tiene poder para determinar los precios de transacción. Ello está determinado entre otras cosas por el alto grado de concentración industrial, a diferencia de cierta atomización aún imperante en la fase primaria.

En este sentido, por ejemplo en el caso de la carne en la medida en que el eslabón primario es el más atomizado de los involucrados en la cadena cárnica, el gobierno desde 2008 retomó la exportación de ganado en pie que le permite al sector primario, en particular a los criadores, contar con más alternativas para la colocación del producto y mejorar su posición negociadora frente los demás eslabones de la cadena, pero esta medida agrava aún más la primarizacion de nuestra producción exportable, con las consecuencias que todos sabemos tiene en el empleo nacional. Para la producción hortofrutícola, que vende mayoritariamente al mercado interno, el rol dominante en la cadena de valor es la intermediación comercial, que se apropia de una parte muy importante del precio final, multiplicando de manera relevante para el consumidor final el costo de producción del productor rural y afectando el poder de compra de los trabajadores sobre los alimentos.

Es por esto que entendemos que es necesario poner en debate el funcionamiento en términos de cadenas de valor del sector agropecuario, en especial:
• los mecanismos de intercambio y en particular el precio en el que se realizan las transacciones;
• los márgenes de intermediación del conjunto de la cadena y sus impactos en el precio de los bienes de consumo de la canasta familiar; y
• los niveles de concentración y dominación en la fase industrial.

9. Políticas productivas sectoriales

A pesar de que en los últimos años se han tomado diversas medidas sectoriales para paliar y atender las dificultades que han enfrentado los distintos sectores de actividad vinculados al agro, ya sea por problemas de colocación de su producción en los mercados internacionales como por factores climáticos adversos, es menos clara la existencia de una política sectorial en clave de desarrollo productivo.

Dicha política requiere pensar en el agro en el marco de una estrategia de desarrollo productivo nacional, y en función de esto, llevar adelante diversas medidas de política económica e incluso herramientas legislativas, para direccionar la producción de mediano y largo plazo, aún cuando esto pueda ir en contra de las señales vertidas por el mercado en el corto plazo.

Canelones, 30 de abril de 2018
Día del Trabajador Rural

 

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