El Acuerdo Unión Europea–Mercosur se ha transformado en uno de los instrumentos más discutidos en el campo de las relaciones económicas internacionales contemporáneas. Su relevancia excede el intercambio de bienes y servicios: constituye un punto central para comprender cómo se reorganizan las jerarquías económicas en un mundo caracterizado por profundos cambios tecnológicos, conflictos geopolíticos y crisis ambientales.

Este acuerdo se viene negociando más de 25 años, y fue concebido en un momento en que el multilateralismo comercial, articulado históricamente a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC), atraviesa una crisis prolongada. Este contexto, lejos de ser un aspecto lateral, explica en gran medida el impulso renovado hacia acuerdos bilaterales y birregionales como el UE–Mercosur. La ausencia de reglas claras y actualizadas en el ámbito multilateral habilita que las potencias avancen con tratados donde pueden consolidar sus intereses sin la necesidad de consensos amplios.

Para el sindicalismo del Cono Sur — nucleado en la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS)— este acuerdo no puede entenderse sin situarlo en esta transición global. La fragmentación normativa que surge ante la crisis de la OMC genera un escenario donde proliferan tratados con fuertes componentes de liberalización, pero débiles en materia de derechos laborales, protección social y sostenibilidad ambiental. La CCSCS sostiene que esta tendencia coloca a las economías del Mercosur en una situación de vulnerabilidad, dado que reduce aún más los márgenes de acción de los Estados para promover políticas industriales, tecnológicas y sociales indispensables para un desarrollo inclusivo.

Desde su perspectiva, éste acuerdo profundiza el patrón de inserción periférica de la región. La apertura arancelaria prevista en plazos relativamente cortos para sectores estratégicos de la industria —automotriz, lácteos, químico, farmacéutico, textil, entre otros— podría derivar en un proceso de desindustrialización que afecte la creación de empleo de calidad. Estos sectores no son simplemente actividades económicas: forman parte de cadenas de valor que articulan pequeñas y medianas empresas, proveedores locales, servicios técnicos y empleos. Para la CCSCS, el avance de manufacturas europeas en estos mercados —favorecidas por economías de escala, infraestructura tecnológica y subsidios que no están al alcance de los países del Cono Sur— haría difícil la subsistencia de miles de empresas de nuestra región.

Esta asimetría tiene efectos directos en el mercado laboral. La CCSCS sostiene que el acuerdo, tal como está planteado, consolidaría una reprivatización del Mercosur, debilitando aún más la capacidad de los países para promover sectores con mayor contenido tecnológico. Esta tendencia se aleja de los objetivos de una transición justa, entendida como el proceso que permite reconvertir las economías hacia modelos más sostenibles sin sacrificar empleo ni derechos.

Además, los sectores productivos del MERCOSUR que resultarían más beneficiados —como el agroexportador, la minería, la ganadería y otros rubros intensivos en recursos naturales— son precisamente aquellos donde con mayor frecuencia se registran violaciones a los derechos humanos y laborales: trabajo infantil, trabajo forzoso e incluso asesinatos de líderes indígenas y sindicales. Estos datos no pueden pasarse por alto al momento de firmar un acuerdo con estas características. Por ello, es indispensable la participación activa y el monitoreo permanente de las centrales sindicales de la región, tanto en la implementación como en la supervisión del cumplimiento de los compromisos asumidos, garantizando el respeto pleno de los derechos humanos y laborales.

En la UE y el MERCOSUR existen espacios en al estructura de ambos bloques, donde los trabajadores junto con los empresarios participan, que podrían ser parte del monitoreo del acuerdo, como es el CESE en la UE, el FCES en el MERCOSUR, pero incluso la Comisión Sociolaboral del MERCOSUR debería ser parte del monitoreo e incluso participar en la negociación del acuerdo, lo que no sucedió.

La CCSCS ha afirmado de manera permanente que el proceso de negociación se desarrolló con escasa transparencia y con canales débiles o casi nulos para la participación social. A diferencia de otros acuerdos donde se establecen mecanismos de consulta regulares, en este caso el acceso a los textos se produjo tardíamente y sin posibilidad real de incidir en su contenido. Este déficit democrático es particularmente problemático, si se considera que los acuerdos comerciales ya no regulan únicamente aranceles, sino que intervienen en áreas sociales sensibles: salud, educación, servicios digitales, propiedad intelectual, compras públicas y transición energética. En consecuencia, la ausencia de participación sindical, social y ambiental no solo afecta la legitimidad del acuerdo, sino también su capacidad de atender a las necesidades reales en particular del cono sur.

En este punto, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) resulta especialmente relevante. La CES, que articula a las centrales sindicales de la Unión Europea, ha manifestado críticas en la misma linea que el  sindicalismo del Cono Sur. Para la CES, al igual que para la CCSCS, el capítulo de Comercio y Desarrollo Sostenible del acuerdo presenta graves limitaciones, ya que no incorpora sanciones ni mecanismos vinculantes que obliguen al cumplimiento de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  Asimismo, la CES ha señalado que la protección ambiental incluida en el acuerdo es insuficiente, porque reduce el compromiso climático a declaraciones generales sin herramientas efectivas que garanticen la trazabilidad y sostenibilidad de las exportaciones

Estas críticas revelan una coincidencia significativa entre las perspectivas sindicales europeas y latinoamericanas. Aunque sus realidades económicas son distintas, ambas regiones identifican que la liberalización comercial sin estándares sociales y ambientales robustos genera efectos regresivos. Para la CES, la preocupación se centra en la competencia con productos provenientes del Mercosur que podrían no cumplir estándares laborales y ambientales equivalentes, lo que generaría un fenómeno de dumping social y ecológico. Para la CCSCS, la preocupación radica en la pérdida de industrias nacionales y en la consolidación de un modelo extractivista que precariza el empleo y destruye ecosistemas estratégicos.

Esta coincidencia también debe situarse en el marco de la crisis del sistema multilateral. La OMC, que en teoría debería velar por un comercio más equilibrado, se encuentra estancada y con capacidades limitadas para corregir desigualdades estructurales. Asimismo, la digitalización creciente de la economía exige reglas actualizadas, pero la OMC no ha logrado establecer consensos sobre comercio electrónico, flujos de datos, tributación digital y derechos laborales en plataformas, dejando estos campos librados a la regulación de grandes empresas tecnológicas.

El sindicalismo del Cono Sur interpreta esta situación como una profundización de la desigualdad global: mientras las empresas transnacionales se benefician de la falta de normas claras, los Estados del Sur enfrentan restricciones crecientes para implementar políticas públicas que protejan sus estructuras productivas. En este escenario, acuerdos como el UE–Mercosur, lejos de equilibrar la situación, pueden reforzar las dinámicas de subordinación ya existentes. La CCSCS enfatiza que la ausencia de un marco multilateral fuerte deja a los países del Cono Sur negociando desde una posición de debilidad.

Otro eje crítico del acuerdo es el ambiental. En Europa, el Pacto Verde Europeo ha elevado los estándares ambientales y climáticos y colocado la problemática ecológica en el centro del debate político. Sin embargo, varios parlamentos europeos —incluidos los de Francia, Austria, Países Bajos e Irlanda— han expresado su rechazo al acuerdo en su formato actual debido a la falta de garantías respecto de la deforestación y del cumplimiento del Acuerdo de París. Este rechazo no surge únicamente de sectores ambientalistas, sino también de productores agrícolas europeos que temen que el incremento de importaciones desde el Mercosur afecte sus ingresos y condiciones de vida.

En el Cono Sur, la CCSCS advierte que muchas de las medidas ambientales exigidas por Europa podrían convertirse en barreras para el desarrollo si no van acompañadas de inversión pública, transferencia tecnológica y mecanismos de apoyo a sectores que necesitan reconversión productiva. El sindicalismo regional no rechaza la transición ecológica, sino que sostiene que esta no puede ser utilizada como argumento unilateral para exigir estándares que los Estados del MERCOSUR no están en condiciones de cumplir sin un esfuerzo financiero y tecnológico significativo. En su visión, la transición ecológica debe ser una oportunidad para impulsar procesos de industrialización verde, generar empleos de calidad y avanzar hacia matrices productivas menos dependientes de la explotación de recursos naturales.

Una cuestión muchas veces omitida en el debate público es que el acuerdo establece limitaciones para las compras públicas, que son uno de los principales instrumentos de los Estados para promover el desarrollo nacional y la creación de empleo. La apertura de las compras gubernamentales a proveedores europeos impediría que los Estados del Mercosur prioricen empresas nacionales en sectores estratégicos o establezcan criterios de contenido local que impulsen cadenas productivas domésticas. Desde el punto de vista sindical, esto constituye una pérdida importante de soberanía, ya que reduce la posibilidad de utilizar la demanda del sector público como palanca para la industrialización y la innovación.

El trasfondo geopolítico del acuerdo también merece una reflexión ampliada. En un mundo donde la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China define nuevas fronteras de poder, la Unión Europea busca asegurar insumos estratégicos y mercados estables para sus industrias. El Mercosur, con sus grandes recursos naturales —agua dulce, energía, biodiversidad y minerales críticos como el litio—, adquiere un valor creciente en este escenario. Para la CCSCS, el acuerdo podría consolidar un patrón extractivista que incremente la dependencia del Cono Sur respecto de las cadenas globales controladas por empresas europeas. Esta situación contrasta con las necesidades del Mercosur de diversificar su economía, avanzar hacia industrias de mayor valor agregado y fortalecer su integración regional.

El diálogo entre la CCSCS y la Confederación Europea de Sindicatos ha permitido identificar áreas de cooperación que podrían servir como base para una renegociación más equilibrada del acuerdo. Ambas organizaciones coinciden en que el comercio debe estar subordinado a un marco regulatorio que garantice derechos laborales, igualdad de género, sostenibilidad ambiental y participación democrática. Proponen avanzar hacia mecanismos más robustos de monitoreo social, paneles de consulta vinculantes, sistemas de alerta temprana para sectores amenazados y cláusulas de revisión periódica que permitan adaptar el acuerdo a los cambios económicos y ambientales.

Sin embargo, para que este diálogo se traduzca en transformaciones reales, es necesario que los gobiernos de ambos bloques reconozcan que los acuerdos comerciales ya no pueden basarse únicamente en los intereses de las grandes empresas exportadoras. Las sociedades exigen comercio con justicia social, comercio con igualdad, comercio con sostenibilidad. Un acuerdo firmado sin estas garantías no solo profundiza desigualdades, sino que erosiona la legitimidad democrática de la integración económica.

La CCSCS junto con la CES, como vimos manifiestan sus críticas y preocupaciones, en un inicio con el secretismo de las negociaciones y luego conociendo los últimos textos del acuerdo (diciembre 2024). Por ello, desde hace años venimos planteando la necesidad de la creación de un Foro Laboral, foro que monitoree el acuerdo, evaluando si existe algún sector de actividad que este siendo afectado con el mismo (perdida de comercio y afectación con la pérdida de empleo). A este pedido no hubo respuesta, y creemos desde el movimiento sindical de ambos bloques que es necesario para garantizar un comercio justo.

En este sentido, ambas organizaciones sindicales regionales del norte y sur, manifiestan que el problema no es el comercio, sino el tipo de comercio que se promueve. La historia reciente demuestra que los beneficios del comercio internacional tienden a concentrarse en sectores capaces de competir en condiciones de escala y tecnología, mientras que los costos —pérdida de empleos, desindustrialización, impacto ambiental— recaen de manera desproporcionada sobre sectores vulnerables. Sin políticas públicas activas, redistributivas y participativas, los acuerdos comerciales se transforman en instrumentos regresivos.

Ante la posibilidad de la firma del acuerdo en los próximos días, es importante destacar que aún no existen estudios de impacto a nivel gubernamental (comercial, laboral, etc) en la región del sur. Por lo que nos preocupa como trabajadores y trabajadoras que se firme un acuerdo sin saber cómo este puede impactar en nuestras economías y fuentes laborales.

El desafío central para el sindicalismo, y para las sociedades del Mercosur y de Europa en general, es convertir este debate en una oportunidad histórica para redefinir la integración birregional. Ello exige no solo renegociar el acuerdo UE–Mercosur, sino también impulsar una reforma profunda del sistema multilateral de comercio, que devuelva a la OMC un papel significativo, pero renovado, basado en la justicia social, la transición ecológica y la democracia económica.

La Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur y la Confederación Europea de Sindicatos han demostrado que pueden convertirse en fuerzas estratégicas capaces de proponer alternativas concretas, construir alianzas transnacionales y disputar el sentido político del comercio internacional.

La CCSCS como la CES quieren acuerdos comerciales que atiendan las desigualdad en las regiones, que busquen la justicia social, ambiental y un trabajo digno para todos y todas.

Alexandre Bento - Asesor de Relaciones Internacionales de la CUT

Viviana Rumbo - Secretaría Técnica de la CCSCS