En un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y económicas, la política comercial de la Unión Europea (UE) ha sido objeto de duras críticas por parte de los sindicatos y movimientos sociales. 

Lejos de ser un instrumento para el desarrollo equitativo y sostenible, esta política la percibimos cada vez más como un mecanismo que prioriza los intereses de las grandes empresas multinacionales sobre los derechos de las y los trabajadores y la protección ambiental. 

Desde la firma del Tratado de Lisboa en 2009, que centralizó las competencias comerciales en la Comisión Europea, las negociaciones han carecido de transparencia y participación democrática, excluyendo a menudo a los parlamentos nacionales y a la sociedad civil, y por supuesto a los sindicatos

El resultado de esta opacidad y de la falta de participación ha sido que buena parte de estos acuerdos fomentan la deslocalización industrial y de servicios, la precarización laboral y la competencia desleal basada en dumping social y ambiental. Un ejemplo de esto es el reciente acuerdo comercial con Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, anunciado en julio de 2025. Este pacto impone aranceles del 15% a las exportaciones europeas, lo que CCOO consideramos  como un "muy mal acuerdo" que debilita la posición de la UE en el escenario global. 

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha denunciado que este tipo de concesiones representa una "situación de emergencia" para el empleo, amenazando cientos de miles de puestos de trabajo en sectores clave como la industria manufacturera y la tecnología.

Algunas voces críticas, argumentan que la UE ha optado por un "mal menor" para evitar una guerra comercial total, sacrificando su autonomía estratégica y exponiendo a sus personas trabajadoras a mayores incertidumbres económicas.

Además, la política comercial europea ha sido acusada de hipocresía en su agenda verde: mientras promueve medidas como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM)[i], ignora los impactos negativos en países en desarrollo, exacerbando desigualdades globales y arriesgando represalias comerciales. Estas críticas se extienden a la opacidad en las negociaciones y la priorización de intereses empresariales. 

Como ejemplo, los sindicatos europeos hemos protestado contra subsidios a empresas como las de Elon Musk[ii], que reciben fondos europeos sin respetar el derecho a la negociación colectiva ni estándares laborales básicos.

Durante 2025, la CES ha enfatizado que la política comercial de la UE debe adaptarse a un paisaje geopolítico incierto, pero en lugar de eso, ha perpetuado un modelo neoliberal que ignora las demandas de las personas trabajadoras por salarios justos, condiciones seguras y transición ecológica equitativa. Este enfoque ha generado recesión en sectores vulnerables, como la agricultura, donde estos acuerdos comerciales pueden exponer a productores locales a importaciones baratas que no cumplen con normas de sostenibilidad. 

En resumen, la política comercial de la UE, en lugar de fomentar la resiliencia económica, ha contribuido a una transformación global del comercio que perjudica a los más débiles, según informes de think tanks como Bruegel[iii]

En este marco de descontento generalizado, el acuerdo entre la UE y el Mercosur se presenta como un caso paradigmático de las contradicciones inherentes a la política comercial europea. 

Tras 25 años de negociaciones, la Comisión Europea adoptó el 3 de septiembre de 2025 propuestas para la firma y conclusión de dos instrumentos legales paralelos: el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y un Acuerdo Comercial Interino. 

Este pacto, anunciado políticamente en diciembre de 2024, busca crear una zona de libre comercio para 780 millones de personas, eliminando aranceles en el 91% de las exportaciones de la UE al bloque sudamericano, lo que ahorraría 4.000 millones de euros anuales a las empresas europeas. Sin embargo, el proceso de ratificación, que requiere aprobación del Consejo y el Parlamento Europeo, enfrenta oposición significativa, incluyendo intentos de dividir el acuerdo para eludir vetos de estados miembros como Francia. 

Desde la perspectiva de los sindicatos europeos, representados por la CES, el acuerdo UE-Mercosur es una amenaza para los derechos laborales y la sostenibilidad. La CES, que agrupa a 93 organizaciones sindicales nacionales y representa a 45 millones de trabajadores y trabajadoras, ha seguido las negociaciones desde sus inicios, exigiendo un capítulo socio-laboral vinculante alineado con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Durante la negociación del acuerdo, la CES y la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, fundada en 1986 y que representa a 20 centrales sindicales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela y centra su actividad en la integración productiva y la defensa de la democracia en el Mercosur, establecieron un espacio de trabajo conjunto promovido desde el Grupo de Trabajo para América Latina de la CES. Este trabajo sindical conjunto entre organizaciones de ambas orillas del Atlántico, constituye un ejemplo de unidad de acción sindical y de solidaridad interegional.

EN 2021, la CCSCS y la CES presentaron una declaración conjunta de rechazo al acuerdo UE-Mercosur por su falta de salvaguardas sólidas y vinculantes que garanticen la protección mediambiental y el respeto a los derechos humanos y laborales, ni reconocía el papel sindical ni excepcionaba a los servicios públicos de liberalización de servicios, como tampoco un estudio de impacto de sus consecuencias económicas, sociales, laborales y de desarrollo y pidiendo la renegociación del acuerdo.

A continuación, ya en noviembre de 2024, los sindicatos europeos y del Cono Sur emitieron una nueva declaración conjunta reiterando su rechazo a la nueva versión del acuerdo, por haber impedido la participación de la representación de los y las trabajadoras durante los 25 años de negociación y por sus previsibles impactos negativos en industrias locales. Ambas confederaciones exigían un capítulo laboral vinculante con sanciones, monitoreo civil y revisiones trienales, alineado con convenios OIT sobre libertad sindical y no discriminación. 

En diciembre de 2024, tras la cumbre en Montevideo, la CCSCS rechazó el preacuerdo por beneficiar al agronegocio y agravar el desempleo industrial, demandando análisis de impactos socioeconómicos previos. 

Estas posiciones comunes subrayan la solidaridad birregional y oponen tratados que ignoren el trabajo decente. Las convergencias entre CES y CCSCS incluyen demandas por reciprocidad: mientras la UE impone compromisos ambientales, permite importaciones sin estándares equivalentes, hipotecando la soberanía de los países. 

En una posterior declaración conjunta, y la última hasta el momento, de junio de 2025 la CCSCS y la CES reiteraron su preocupación por la urgencia en ratificar el acuerdo, que podría diluir estándares laborales y ambientales. 

La secretaria general de la CES, Esther Lynch, ha advertido que las propuestas actuales de la Comisión fallan en sancionar efectivamente abusos contra trabajadores y trabajadoras, permitiendo que empresas violen derechos sin consecuencias. 

Específicamente, la CES critica la falta de mecanismos ejecutorios para garantizar el respeto a la libertad sindical, la eliminación del trabajo forzoso y la prohibición del trabajo infantil, lo que podría incentivar dumping social en sectores como la agricultura y la industria. 

Esta postura se fundamenta en una visión más amplia que compartimos CCOO y la CES, que no es otra que el comercio debe promover justicia social, no desigualdad. Sin cláusulas espejo que exijan reciprocidad en normas laborales y ambientales, el acuerdo expondrá a personas trabajadoras europeas a competencia desleal, potencialmente costando miles de empleos en el agroalimentario. 

En particular CCOO, el primer sindicato en España y afiliado a la CES, hemos adoptado una posición crítica similar, integrando la oposición al UE-Mercosur en nuestra agenda internacional. Históricamente, hemos participado en campañas contra acuerdos comerciales que priorizan la liberalización sobre la protección social, enfatizando que el pacto con Mercosur representa una "oportunidad perdida" para un modelo justo de comercio internacional.

Cabe reiterar que la participación sindical en los acuerdos comerciales de la Unión Europea, incluido el acuerdo UE-Mercosur, ha sido sistemáticamente limitada y marginalizada, lo que constituye una de las principales críticas de los sindicatos europeos y latinoamericanos. Los Grupos Consultivos Domésticos (DAGs, por sus siglas en inglés), establecidos bajo el marco de los capítulos de desarrollo sostenible de los tratados comerciales de la UE, han demostrado ser insuficientes para garantizar una representación efectiva de los trabajadores. Estos grupos, diseñados para incluir a la sociedad civil y los sindicatos en el monitoreo de los acuerdos, carecen de poder vinculante y a menudo se ven relegados a un rol consultivo sin capacidad para influir en las decisiones de fondo. 

La CES y la CCSCS han denunciado que los DAGs operan en un contexto de opacidad sin recursos suficientes para realizar un seguimiento independiente. Esta exclusión efectiva de los sindicatos en las negociaciones y la implementación del acuerdo UE-Mercosur refleja un déficit democrático que socava la legitimidad del pacto y perpetúa un modelo comercial que prioriza los intereses corporativos sobre los derechos laborales y sociales.

Frente a estas limitaciones, la referida anteriormente declaración conjunta de la CES y la CCSCS, de noviembre de 2024, propone la creación de un foro birregional permanente que garantice una participación sindical robusta y vinculante en el marco del acuerdo UE-Mercosur. 

Este foro, concebido como un espacio tripartito que incluya a gobiernos, empleadores y sindicatos, busca superar las debilidades de los DAGs al establecer un mecanismo de monitoreo y diálogo con capacidad de proponer sanciones por incumplimientos laborales y ambientales. 

La propuesta enfatiza la necesidad de un espacio donde los sindicatos puedan influir directamente en la implementación del acuerdo, asegurando que se respeten los convenios de la OIT y se promueva el trabajo decente. Este foro representaría un avance hacia un modelo de comercio inclusivo, en contraste con la actual marginalización de los trabajadores, y responde a la demanda histórica de la CCSCS de ser reconocidos como actores clave en la construcción de una integración económica solidaria y equitativa.

En conclusión, la visión sindical del UE-Mercosur es un llamamiento  a reorientar el comercio hacia la equidad. Sin embargo, el comercio internacional es esencial para el crecimiento, siempre que se rija por normas que promuevan y respeten los derechos de las personas trabajadoras. Como subraya la OIT, estándares como la libertad sindical elevan la productividad y salarios, fomentando cadenas éticas. Acuerdos con cláusulas OIT, como el TMEC, garantizan protección y transición verde, creando empleos dignos en agroexportación sostenible sin sacrificar industrias locales. La CES y CCSCS lo resumen: el comercio debe construir solidaridad, respetando derechos y generando trabajos decentes para todos. Solo así, el UE-Mercosur podría ser un hito positivo. 

El pasado mes de septiembre de 2025, la Comisión Europea adoptó la propuesta del Consejo Europeo sobre el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y el Acuerdo Comercial Provisional. Este último está solo sujeto a votación por mayoría cualificada mientras que el primero debe ser ratificado por los parlamentos nacionales. A continuación, el Parlamento Europeo deberá proceder a su votación. A este respecto, la Confederación Europea de Sindicatos junto a la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur en una sesión informativa conjunta con Eurodiputados denunciaron, de nuevo, el riesgo de que las violaciones laborales queden impunes por la falta de aplicabilidad de las cláusulas laborales del acuerdo junto a la falta de control democrático de su negociación.

Cristina Faciaben Lacorte

Secretaria Confederal de Internacional y Cooperación

CCOO

Félix Ovejero Torres

Adjunto a la Secretaría Confederal de Internacional y Coooperación

CCOO